De ser culpables, los hermanos Borovoy, propietarios de BOBO producciones, podrían ir a prisión, de 3 a 9 años
Ari Borovoy y su hermano Jack, propietarios de la empresa BOBO Producciones, enfrentan una demanda múltiple por despido injustificado, luego de que cuatro exempleados acusan haber quedado sin trabajo ni previo aviso, desde mediados del mes de marzo, cuando recién comenzaba la cuarentena derivada de la pandemia de COVID-19. Sebastián Cortés, Enrique Santiago Vega, Luis Fernández Echeverría y Georgina González, son los trabajadores que reclaman que desde esas fechas, ya no les depositaron su sueldo, además, indicaron que desde diciembre pasado, no recibieron aguinaldo, de acuerdo a lo que explica su abogado, Adolfo González Bernal.
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“Todavía se les había dicho a mediados de marzo que hicieran el homeoffice y realmente los dejaron a su suerte. Déjame decirte que desde el mes de diciembre no les pagaron su aguinaldo y en el mes de febrero les hicieron otro pago a nombre de otra empresa”, explicó el licenciado a cargo del caso, al programa Ventaneando. La demanda es de orden laboral, debido a que les dejaron de pagar y por alternar el método, al “estilo carrusel”, explica, el cual consiste en ir cambiando constantemente la empresa que paga a los empleados, así como las direcciones de las mismas, lo que dice, se conoce como “planeación fiscal”.
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También señaló que la demanda laboral podría convertirse en penal, pues de acuerdo al abogado, Ari y Jack incurren en operaciones turbias en perjuicio de instituciones gubernamentales, pues con la práctica antes mencionadas, reducen las responsabilidades patronales respecto a los trabajadores. Una manera de reducir las responsabilidades patronales fue que poco a poco les dejaron de contestar. La demanda laboral podría convertirse en penal pues, según el abogado, los hermanos Borovoy han incurrido en operaciones turbias en perjuicio de instituciones gubernamentales.
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González Bernal advierte que esto podría destapar irregularidades más serias dentro de Bobo Producciones, y que es cuestión de días, que el integrante de OV7 y su socio y hermano, reciban la notificación de la demanda, la cual podría llevar a prisión a los culpables, de tres a nueve años, por lo que los Borovoy tendrán que comprobar y justificar el despido de dichas personas.